Durante los últimos años, el término responsabilidad social ha sido de un uso muy extendido para reclamar a las empresas una manera de actuar respetuosa con el medioambiente y con la sociedad en general. En estos últimos meses, nos piden responsabilidad individual para frenar la epidemia de COVID-19. Como economista entiendo que apelar a la responsabilidad no es lo que se debe hacer para obtener resultados efectivos. Son necesarias otras medidas
A mitad de julio, a la vista de la situación de la epidemia en Aragón y en particular en Zaragoza, el Gobierno de Aragón pidió que se limitaran los desplazamientos, para acotar la difusión del virus, apelando a la responsabilidad individual. Las estadísticas posteriores de movimientos de vehículos mostraron que la movilidad apenas había disminuido respecto al fin de semana anterior. Tuve ocasión de hablar con varias personas que viajaron ese fin de semana. Todas tenían una explicación: se cuidaban, eran muy responsables y cuidadosas y viajar era muy importante para ellas.
Se apeló a la responsabilidad individual y las personas la ejercieron. Evaluaron sus probabilidades de estar contagiados y las estimaron muy bajas o nulas, consideraron que iban a actuar cuidadosamente en sus destinos y estos costes los compararon con el beneficiode salir y con la alternativa de quedarse el fin de semana en su casa. Los economistas, y probablemente cualquier lector, ya han entendido el problema: los potenciales costes de que decenas de miles de personas viajen no los sufren individualmente cada una de las personas que viaja, sino otras personas. Por tanto, la decisión individual (o la colectiva resultante de la agregación de las decisiones individuales) no está alineada con los intereses colectivos.
Hagamos ciencia ficción e imaginemos que fuese posible trazar de manera fehaciente el rastro de todos los contagios y que pudiera reclamarse judicialmente una responsabilidad civil o incluso penal a una persona por haber causado una cadena de contagios. No necesito extender mucho la conclusión de que la actuación individual en ese escenario estaría más alineada con los intereses colectivos.
¿Todas las personas actúan de esta manera? Para mí la respuesta es que sí. Lo que cambia entre unas personas y otras son sus preferencias personales. Las hay altruistas, que encuentran una cierta satisfacción en proporcionar bienestar a otros, los hay muy interesados por el dinero, o por el arte o la salud o su familia, . . . Dadas estas preferencias complejas, que son singulares en cada persona, a todas las podemos considerar listas, capaces de evaluar sus alternativas de acción y elegir la más acorde con su propio interés.
Afortunadamente, tenemos gobernantes que pueden tomar decisiones pensando en el bien común. ¡Pero diablos! También son personas. Estamos perdidos.
En el caso de los políticos, haré una simplificación: siendo políticos de profesión, asumiré que el deseo de poder está muy arriba en su escala personal de preferencias. Asumamos que aquellos políticos que no tienen el poder quieren lograrlo y quienes lo ostentan, quieren mantenerlo o mejorarlo. A los políticos (de todos los colores) y a la mayoría de los medios de comunicación, hay que reconocerles un mérito enorme. Nos han convencido a todos de que, si la epidemia se extiende, es porque hay muchos comportamientos individuales irresponsables. El resultado para la clase política es mágico, pues han quedado de esa manera exculpados. No asumirían consecuencia alguna por sus acciones o inacciones en unas posteriores elecciones. No la asumirán porque la mayor parte de la población ha asumido que la culpa es suya (colectivamente, no individualmente porque cada uno sentimos que lo hacemos muy bien).
Hagamos ciencia ficción e imaginemos que todas las personas a la hora de votar tuvieran presente de quién es la responsabilidad de prohibir o penalizar actividades individuales que claramente perjudican al bien común. No necesito extender mucho la conclusión de que las decisiones públicas en ese escenario estarían más alineadas con los intereses colectivos.
Aunque de una manera algo provocadora, estoy recogiendo una idea que creo que empieza a extenderse. El Parlamento debe aprobar cambios legislativos si son necesarios y el poder ejecutivo debe tomar medidas ponderadas pero efectivas para el control de la epidemia. Esto es más trabajoso y comprometido que salir a reclamar responsabilidad a las personas, pero si se hace bien, tendrá efecto. La pandemia se declaró formalmente en marzo de 2020 y los pronósticos a fecha de hoy (julio de 2020) apuntan a que el problema va a seguir durante otro año más, al menos.
Casi he consumido el espacio sin hablar de la responsabilidad social que se reclama a los empresarios, sobre todo en relación con el problema medioambiental que, en el mejor de los casos, es un problema con mucho más recorrido que esta pandemia. Si el medioambiente debe ser protegido, esto no debe confiarse a la responsabilidad declarada por las empresas. Se debe implementar con medidas como prohibiciones, impuestos a determinados productos y limitaciones a algunas actividades. Son, entre otras, las herramientas que se conocen en economía pública desde hace décadas y que últimamente se evita implementar en favor de la responsabilidad social corporativa ¿No son las corporaciones las más interesadas en esta reorientación? Es un tema que requiere ser tratado con más profundidad.
El lector puede tener la sensación de que en estas líneas he dibujado a personas que en todos los ámbitos actúan de manera interesada y que esa visión es irreal. Puede pensar que los políticos son personas que piensan en el bien público y que las personas actúan de manera responsable hacia sus congéneres. Pero, si fuera así, seguro que necesitaríamos muchos menos gobernantes. Yo, como individuo, también prefiero que no me prohíban la movilidad ni las relaciones con otras personas y que confíen en mi responsabilidad individual, pero eso no sería colectivamente inteligente.
Cuando vemos a las personas de esta manera, las vemos en sus decisiones personales, en su trabajo dentro del sector público o en una empresa, como directivo de una organización, como empresario, como gobernante, como político, … De repente, maximalismos como ‘lo privado es lo que funciona’ o ‘lo público es lo que funciona’ se convierten en expresiones vacías e incluso absurdas. Quizá esos lemas solo sirven a intereses políticos.
Quien tenga interés en estas ideas y las quiera más desarrolladas, puede leer el artículo Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1994). The Nature of Man. Journal of Applied Corporate Finance, 7(2), 4 - 19.
Firmado: Jorge Rosell Martínez
(Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor)
